El Salvador ha presentado los últimos años, uno de los índices de homicidio más elevados a nivel mundial. En el 2018 se incrementó la suma de muertes que existieron nuestro país. Debido a que, en ese año, las maras siguieron ejerciendo el control territorial y extorsionando a residentes de municipios de todo el país. Las maras son responsables de asesinatos, desapariciones, violaciones sexuales y desplazamientos de quienes les muestran resistencia, incluidos funcionarios gubernamentales, miembros de las fuerzas de seguridad y periodistas.
Estos grupos reclutan por la fuerza a niños y niñas y someten a esclavitud sexual a mujeres y niñas, una de las principales formas de reclutamiento es el hacerles creer que tendrán mucho dinero y podrán tener todo lo que siempre quisieron, es importante recalcar que esos niños son de escasos recursos y no tienen educación y les es más fácil caer en las trampas de estos sujetos. Lo peor es que, una vez están dentro ya no logran salirse porque los matan, entre sus ritos para entrar a la mara son secuestrar o matar a alguien, así como aguantar una golpiza y son “bienvenidos” en el grupo delincuencial.
En general, las fuerzas de seguridad no habían sido eficaces en proteger a la población frente a la violencia de las maras. Y aunque la corrupción y los abusos gubernamentales quedan impunes, en los últimos años El Salvador ha realizado algunas acciones para llevar ante la justicia a exfuncionarios presuntamente involucrados en crímenes.
En sus visitas de 2017 y 2018, los relatores especiales de la ONU sobre el desplazamiento interno y las ejecuciones extrajudiciales documentaron amenazas y acoso por parte de agentes de las fuerzas de seguridad contra miembros de la población LGBT (Lesbianas, Gays, Bisesexuales y Transgéneros), personas que trabajan en la rehabilitación de integrantes de maras, y adolescentes y adultos jóvenes.
En agosto, la Asamblea Legislativa volvió permanente el “estado de emergencia”. La asamblea de determinó el encierro total de los internos y suspendió las visitas familiares en siete cárceles. El Salvador había declarado en un primer momento el estado de emergencia en marzo de 2016, y luego lo extendió como parte de sus “medidas extraordinarias” para combatir el crimen organizado en abril de 2016.
En enero había más de 38.700 presos en los centros penales del país, diseñados para albergar hasta 11.400 personas. Cerca del 30 % están en prisión preventiva.
Según cifras ampliamente difundidas, hay cerca de 60.000 miembros de maras en al menos 247 de los 262 municipios del país. Controlan los límites de sus territorios y extorsionan y obtienen información sobre residentes y personas que circulan en esas zonas, sobre todo en el transporte público, escuelas y mercados.
Numerosos agentes de seguridad y funcionarios electos han colaborado con maras en actividades delictivas, conforme informan medios internacionales y nacionales. Según información difundida en la prensa, todos los partidos políticos han negociado con maras para realizar campañas, votaciones y operaciones diarias, y también para una tregua iniciada en 2012 entre el gobierno nacional, 11 gobiernos municipales y las dos maras más numerosas.
En abril de 2016, la Asamblea Legislativa reformó una ley contra actos de terrorismo con la finalidad de definir de manera expresa a las maras como organizaciones terroristas, y reformó el Código Penal para que se aplicaran penas de hasta 15 años de prisión a quien “solicite, demande, ofrezca, promueva, formule, negocie, convenga o pacte acuerdos de no persecución criminal” con maras. El Relator especial de la ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales indicó que existía una discrepancia significativa entre los acusados de pertenecer a una organización terrorista y quienes son condenados. La Fiscalía General de la República usó las reformas para juzgar de manera retroactiva a funcionarios y exfuncionarios que participaron en las negociaciones de la tregua entre 2012 y 2014.
En su informe de abril, la Relatora especial de la ONU sobre el desplazamiento interno destacó la “marcada disparidad entre las cifras [de cientos] que da el Gobierno sobre los desplazamientos internos provocados por la violencia [estatal y de las maras] y las que dan la sociedad civil y las organizaciones internacionales [de decenas o cientos de miles]”.
Para 2019 las cifras continuaron en aumento, aunque se crearon muchos planes de captura y detenían a cientos, las maras seguían multiplicándose, aprovechándose de niños que los están “entrenando” para el futuro, sometidos a obedecer las órdenes del líder o cabecilla de la pandilla a la que pertenecen, otra cosa que surgió con mayor violencia fue la muerte entre pandillas contrarias, y así es como nuestro país se hundió más en homicidios, no solo de pandilleros, sino también de inocentes que creían que estaban vinculados con una mara diferente, o inocentes que no tenían nada que ver, para este año 2020 los homicidios siguen siendo nuestro pan de cada día pero han bajado considerablemente, no escuchamos tanto de asesinatos como los últimos años, esto se debe a los planes policiales que han sido más eficaces, y aunque la delincuencia quizás no se logre combatir completamente de un día para otro, la disminución ha sido considerable y a finales del 2020 esperamos que la disminución haya bajado aún más.
Por: Itzia Reales
Basado en el informe de Human Rights Watch (2018). Informe mundial: Homicidios El Salvador. Recuperado de: https://www.hrw.org/es/world-report/2019/country-chapters/326038
Estos grupos reclutan por la fuerza a niños y niñas y someten a esclavitud sexual a mujeres y niñas, una de las principales formas de reclutamiento es el hacerles creer que tendrán mucho dinero y podrán tener todo lo que siempre quisieron, es importante recalcar que esos niños son de escasos recursos y no tienen educación y les es más fácil caer en las trampas de estos sujetos. Lo peor es que, una vez están dentro ya no logran salirse porque los matan, entre sus ritos para entrar a la mara son secuestrar o matar a alguien, así como aguantar una golpiza y son “bienvenidos” en el grupo delincuencial.
En general, las fuerzas de seguridad no habían sido eficaces en proteger a la población frente a la violencia de las maras. Y aunque la corrupción y los abusos gubernamentales quedan impunes, en los últimos años El Salvador ha realizado algunas acciones para llevar ante la justicia a exfuncionarios presuntamente involucrados en crímenes.
En sus visitas de 2017 y 2018, los relatores especiales de la ONU sobre el desplazamiento interno y las ejecuciones extrajudiciales documentaron amenazas y acoso por parte de agentes de las fuerzas de seguridad contra miembros de la población LGBT (Lesbianas, Gays, Bisesexuales y Transgéneros), personas que trabajan en la rehabilitación de integrantes de maras, y adolescentes y adultos jóvenes.
En agosto, la Asamblea Legislativa volvió permanente el “estado de emergencia”. La asamblea de determinó el encierro total de los internos y suspendió las visitas familiares en siete cárceles. El Salvador había declarado en un primer momento el estado de emergencia en marzo de 2016, y luego lo extendió como parte de sus “medidas extraordinarias” para combatir el crimen organizado en abril de 2016.
En enero había más de 38.700 presos en los centros penales del país, diseñados para albergar hasta 11.400 personas. Cerca del 30 % están en prisión preventiva.
Según cifras ampliamente difundidas, hay cerca de 60.000 miembros de maras en al menos 247 de los 262 municipios del país. Controlan los límites de sus territorios y extorsionan y obtienen información sobre residentes y personas que circulan en esas zonas, sobre todo en el transporte público, escuelas y mercados.
Numerosos agentes de seguridad y funcionarios electos han colaborado con maras en actividades delictivas, conforme informan medios internacionales y nacionales. Según información difundida en la prensa, todos los partidos políticos han negociado con maras para realizar campañas, votaciones y operaciones diarias, y también para una tregua iniciada en 2012 entre el gobierno nacional, 11 gobiernos municipales y las dos maras más numerosas.
En abril de 2016, la Asamblea Legislativa reformó una ley contra actos de terrorismo con la finalidad de definir de manera expresa a las maras como organizaciones terroristas, y reformó el Código Penal para que se aplicaran penas de hasta 15 años de prisión a quien “solicite, demande, ofrezca, promueva, formule, negocie, convenga o pacte acuerdos de no persecución criminal” con maras. El Relator especial de la ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales indicó que existía una discrepancia significativa entre los acusados de pertenecer a una organización terrorista y quienes son condenados. La Fiscalía General de la República usó las reformas para juzgar de manera retroactiva a funcionarios y exfuncionarios que participaron en las negociaciones de la tregua entre 2012 y 2014.
En su informe de abril, la Relatora especial de la ONU sobre el desplazamiento interno destacó la “marcada disparidad entre las cifras [de cientos] que da el Gobierno sobre los desplazamientos internos provocados por la violencia [estatal y de las maras] y las que dan la sociedad civil y las organizaciones internacionales [de decenas o cientos de miles]”.
Para 2019 las cifras continuaron en aumento, aunque se crearon muchos planes de captura y detenían a cientos, las maras seguían multiplicándose, aprovechándose de niños que los están “entrenando” para el futuro, sometidos a obedecer las órdenes del líder o cabecilla de la pandilla a la que pertenecen, otra cosa que surgió con mayor violencia fue la muerte entre pandillas contrarias, y así es como nuestro país se hundió más en homicidios, no solo de pandilleros, sino también de inocentes que creían que estaban vinculados con una mara diferente, o inocentes que no tenían nada que ver, para este año 2020 los homicidios siguen siendo nuestro pan de cada día pero han bajado considerablemente, no escuchamos tanto de asesinatos como los últimos años, esto se debe a los planes policiales que han sido más eficaces, y aunque la delincuencia quizás no se logre combatir completamente de un día para otro, la disminución ha sido considerable y a finales del 2020 esperamos que la disminución haya bajado aún más.
Por: Itzia Reales
Basado en el informe de Human Rights Watch (2018). Informe mundial: Homicidios El Salvador. Recuperado de: https://www.hrw.org/es/world-report/2019/country-chapters/326038
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